Buenos Aires

Versión para imprimir   

19/02/2010

Un Estado confiable, da una estadística confiable

¿Desde qué lugar vamos a encarar el problema para no repetir argumentos sólidos que se dieron? ¿Qué se hizo desde la Defensoría de la Nación cuando el fiscal Garrido nos envía todos los antecedentes? Se hizo una recomendación después de un largo proceso de investigación, y acá hay un hecho positivo que se ha destacado, pero yo me siento en el compromiso de reiterarlo. Los delegados representantes de los trabajadores, Fazio, Llaneza y seguramente todos y cada uno de los trabajadores involucrados, demostraron un gran compromiso en el tema de calidad institucional. No era solamente el tema reivindicativo de lo que se trataba, era un compromiso en calidad institucional. ¿Porqué vuelvo a ese tema? Porque es muy importante destacar. Algunos dijeron que este no era un problema eminentemente técnico o de metodología; es un problema de calidad institucional. De eso se trata.
En función de eso, nosotros nos expedimos. En ese momento yo no era parte de la Defensoría, pero adhiero a todos los argumentos que se dieron en la recomendación. Se le pidió información a las autoridades a cargo del INDEC, específicamente debido a la gran persecución que había —que era pública y notoria— respecto de los trabajadores, tanto a nivel de jefatura como a todos los niveles. Se advertía la necesidad de chequear la información de que habían ochocientos trabajadores permanentes.
Ustedes saben que en el marco regulatorio del empleo público, y en particular en el caso de los trabajadores del INDEC, tenían un límite de designación de trabajadores no permanentes del 15 por ciento. Así lo prevé el Convenio Colectivo de Trabajo. Según la información, fue excedido ese margen, estábamos en 848 trabajadores transitorios.
Le pedíamos también si se había avanzado en el procedimiento de concursos, consecuente con la normativa específica y con el artículo 16 y 14 bis de la Constitución Nacional. Por un lado, eso hacía operativo el principio igualitario —me refiero al artículo 16—, se garantizaba las designaciones en el ámbito de conocimiento de antecedentes, y nos contestaron que no, que estaban prorrogados. Es decir, se había utilizado un mecanismo de emergencia con argumentos realmente de una alta dosis de debilidad. Ustedes saben que, conforme lo prevé la ley orgánica de la Defensoría de la Nación, no podemos participar una vez que haya un proceso judicial, salvo por la vía del amparo y la legitimación que tenemos para otros temas. Pero igual acompañamos a nivel de colaboración al juez del Juzgado Nº 6 —donde el doctor Garrido había radicado su denuncia— nuestras conclusiones, que —tal como se mencionaron acá— eran evidentes. Anoticiamos al jefe de Gabinete y obviamente —como decía al principio— a las autoridades del INDEC.
En el primer informe del INDEC, nos dicen que es cierto que se han prorrogado los contratos, que han pedido la autorización correspondiente en función de la normativa para las nuevas designaciones y llamado a concurso, y nos dan el número exacto de nuevas designaciones. Nadie está en contra de esas nuevas designaciones, sino en contra del procedimiento. Porque también son gente que necesita trabajo. Si es designada por la vía adecuada, no estamos en contra. Nosotros estamos por el INDEC. Obviamente, el INDEC creíble.
Cuando nosotros le preguntamos qué nivel o qué aporte podían hacer para reestructurar la credibilidad en el INDEC, nos contestaron que la credibilidad era una cuestión del colectivo social. Es decir, yo debo tender del análisis literal de la respuesta que se está refiriendo a la gente; que la culpa de la falta de credibilidad es del colectivo social, del pueblo. Me estoy refiriendo ¿quién mató al tirano? "Fuente Ovejuna"; es decir, López de Vega. Es decir, el pueblo tiene la culpa de la falta de confianza en el INDEC. Sin ningún exceso, eso se infiere de la interpretación.
Se habló de que el debate estaba atrasado treinta años, creo que es mucho más. Y acá permítanme una pequeña digresión. Yo leía el discurso del presidente electo del Uruguay hacia los intelectuales. Fue el año pasado. En el discurso rescata el pensamiento crítico, a quien no piensa como él para crecer, pero termina con una frase que realmente me parece un alegato a la inteligencia y a la humildad, dice "En lo único que soy intransigente es con la buena fe". De eso se trata. Es decir, la credibilidad es el crédito y parte de la buena fe. No son treinta años. El Código Civil se sancionó en 1869 y entró en vigencia el 1º de enero de 1871, y establece el principio de la buena fe. Es decir, que nos llevaron a un deterioro institucional en esta área, me refiero al INDEC, mucho más de treinta años atrás, valga la redundancia.
¿Cuál es la propuesta? Es decir, consolidar lo operativo dentro de las limitaciones de una institución como la Defensoría del Pueblo de la Nación. Han seguido las presentaciones de los delegados de ATE–INDEC, lo estamos profundizando, reiteran la misma respuesta. Es decir, evidentemente el tema se está encarando de donde se debe: la audiencia pública, el mecanismo de participación ciudadana. El mecanismo está reglado en la Constitución y en las leyes, basta leer los artículos 42, 43, 33 y así sucesivamente de la Constitución Nacional. Es muy positivo. Nos informaba el doctor Garrido que todavía no lo resolvió la Justicia. El expediente sigue en el Juzgado Nº 6, Secretaría Nº 11.
Si el Congreso de la Nación —como está ocurriendo—, los señores delegados —como lo han hecho, de un modo realmente valorable— y los trabajadores del INDEC se abocan, creo que seremos capaces de generar normas superadoras. Ahora bien, también debemos recordar que hay normas que están y se incumplen. Es decir, este tema —básicamente, calidad institucional— en algún momento disparó esta recomendación, se sigue el proceso de investigación, pero es esperanzador estar presente en este debate y ver a tanta gente interesada, que cumplen funciones en distintas áreas del Estado, ONG, e instar a que la ausencia del Estado es en detrimento de todos. Es decir, un Estado confiable da una estadística confiable. Sin prejuicio del esfuerzo de algunas organizaciones privadas, es una obligación del Estado.

Juan Jesús Mínguez, Adjunto II de la Defensoría del Pueblo de la Nación.