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Versión para imprimir  PRENSA
Artículos del Defensor
01/10/2006
¿Intentan manipular a la comunidad con donaciones?
En el marco de la investigación puesta en marcha para determinar el desarrollo de la política minera en nuestro país, le manifesté mi preocupación a los Gobernadores de las provincias de Catamarca, Tucumán y San Juan y a los respectivos Secretarios de Medio Ambiente y Minería de la Nación les solicité que investiguen un hecho puntual.
Sin expedirnos aún sobre los efectos ambientales que esa actividad produce y que se encuentran en pleno estudio, advertimos hechos llamativos vinculados específicamente con el accionar por parte de las empresas mineras sobre la sociedad y, en particular, su impacto en la educación pública.
A partir de una serie de reclamos hechos por lugareños surgiría una modalidad de acción de grandes empresas dirigida concretamente a brindar asistencialismo directo a instituciones educativas y a otras organizaciones sociales.
Mi interés en esta instancia es llamar la atención sobre este problema que se observa en el plano social y que puede interpretarse como un daño a la identidad y a los bienes o valores colectivos, daños también comprendidos en el concepto de daño ambiental.
Funcionarios de nuestra Defensoría concurrieron en tres oportunidades a las provincias de San Juan, Tucumán y Catamarca observando en distintas localidades como se desarrolla por parte de las empresas mineras–con total habitualidad y naturalidad – la ayuda y colaboración a escuelas públicas y privadas, hospitales, organizaciones agrícolo-ganadero-industriales, eventos culturales, programas de restauración de patrimonios culturales municipales y/o provinciales.
Estos hechos son preocupantes en razón de que dichas donaciones -- acompañadas con ostentosos actos publicitarios – provocarían la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de las comunidades, hechos que se ven amplificados al dirigirse estas acciones a educandos que tienen entre 3 y 18 años de edad, quienes no solo reciben información a procesar sino que están en plena edad de formación de conciencia y de valores.
Para nosotros no es la donación en sí el hecho intranquilizante, sino que estas acciones vengan acompañadas, de una manera o de otra, por una contrapartida publicitaria a favor del trabajo desarrollado por las empresas mineras, pudiendo este simple hecho llegar a inhibir toda posible crítica y, aún más, restringir la participación y el ejercicio de la población en la defensa de los derechos ambientales que consideren afectados.
Diría más, todo aporte económico contribuye a mitigar las deficientes condiciones de vida siempre y cuando se preserve la libertad e integridad del destinatario. Y estos valores se verían claramente amenazados cuando el impacto de la publicidad es tan fuerte que las donaciones efectuadas hasta quedan desproporcionadas frente a dicho impacto, funcionando como un permanente recordatorio de la "bondad de estas firmas".
El accionar que hemos observado reiteradamente por parte de estos grandes emprendimientos mineros reviste la característica de ser sistemático; esto es, que se encuentra incorporado a las prácticas constantes enunciadas por las propias empresas.
En un programa nacional de desarrollo sustentable el Estado juega –desde el punto de vista social—un rol indelegable como garante del ejercicio pleno de las libertades públicas en pos de un bienestar general presente. Por esta razón, el Estado debería ser extremadamente cuidadoso para que el cumplimiento de las funciones que le son obligatorias y justifican su razón de ser, tales como la promoción de la educación, la salud y la preservación del ambiente, no se conviertan en un instrumento de asistencialismo privado, en este caso a través de la manipulación y condicionamiento de la libertad de los habitantes de una determinada comunidad.
| Columna publicada en el diario Crónica el día 01 de Octubre de 2006 |
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