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Versión para imprimir  PRENSA
Artículos del Defensor
02/05/2006
La lucha frontal debe ser contra la pobreza
En un seminario celebrado esta semana sobre la protección de los derechos humanos en América Latina reclamé que se recompongan las autonomías de los Estados latinoamericanos para fijar sus propias agendas sociales y garantizar la ampliación de los espacios de participación ciudadana.
Comencé señalando que lo que hoy vemos como algo normal – el avance en todos los países de la construcción de democracias que se van consolidando crecientemente – debe ser destacado porque ha sido una verdadera conquista de los pueblos latinoamericanos que ya no puede someterse a discusión. .
Dije ante una audiencia que sumó a otros Defensores del Pueblo y Procuradores de Derechos Humanos de la región, que las dictaduras en nuestro continente provocaron quiebres del orden constitución, social y económico que restringieron profundamente el crecimiento de los países y el ejercicio de los derechos.
En términos de violación de los derechos humanos, esos costos fueron alarmantes. La supresión directa, organizada y sistemática de las libertades; la tortura y la desaparición forzada de personas, fueron prácticas cotidianas de aquellas dictaduras.
Las políticas, en todos los órdenes, resultaron regresivas y contrarias a los más básicos valores de justicia, inclusive en términos de distribución económica.
El avance de las democracias recuperó la vigencia de libertades perdidas pero la gran deuda de Latinoamérica ha sido la fuerte debilidad en torno a la construcción de la ciudadanía social para sus habitantes.
En este nuevo siglo la gran tarea pendiente para nuestro continente es la consolidación definitiva de los derechos económicos, sociales y culturales a través de la erradicación de la exclusión social. La lucha frontal que debe darse es contra la pobreza.
Un aspecto, tal vez el más importante, es el de la inseguridad alimentaria: en América Latina y el Caribe hay alrededor de 60 millones de personas desnutridas. A pesar de que se producen alimentos suficientes para cubrir las necesidades de 1.800 millones de personas, el hambre afecta casi al 10% de nuestras poblaciones. Unos 10 millones de niños padecen desnutrición.
No son problemas menores la falta de acceso a servicios de salud y al agua potable, el déficit habitacional, la desocupación y la falta de trabajo decente, la baja o inexistente cobertura de la protección social de los trabajadores y la carencia de jubilaciones dignas.
Nuestra idea fue, al brindar estos y otros datos muy precisos, echar una breve mirada sobre los problemas de derechos vulnerados que con más rigor afectan a los latinoamericanos.
Propuse como primera y principal meta la reconstrucción de la ciudadanía social como concepto universal que debe alcanzara a todos los seres humanos. No puede existir una ciudadanía más completa para los habitantes de una región y una más restringida para los de otra.
Los servicios públicos y los servicios sociales deben formar parte de esta transformación, tendiendo a la universalidad de las prestaciones.
Es necesario erradicar las fuertes inequidades que hoy existen por razones de ingreso, sexo, etnia, ubicación geográfica o edad.
Sostuve que las acciones de los Estados, la inversión pública y el gasto social deben estar dirigidos a la superación de la pobreza y sus consecuencias. La distribución interna de la riqueza es otra de las cuentas pendientes. Las relaciones entre el Estado y el Mercado deben ser revisadas, partiendo de la integración de las políticas económicas y sociales como herramienta básica del desarrollo humano sustentable.
Concluí pidiendo que se detenga la herencia intergeneracional y geográfica de la pobreza y que se desactiven los mecanismos cíclicos que reproducen la exclusión social en nuestro continente.
| Columna publicada en el diario Crónica el día 30 de Abril de 2006 |
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