Buenos Aires

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03/04/2006

Agua, Luz y Gas para todos

Partiendo de la premisa de que un hogar necesita para subsistir, además de alimentos, un nivel mínimo de servicios públicos fue que realizamos una amplia investigación. Tuvimos en cuenta, dentro de la línea de la indigencia, una canasta que solo contuviera alimentos, y dentro de la línea de la pobreza una canasta integrada por alimentos, servicios públicos y otros bienes y servicios.

Una de las principales conclusiones de este trabajo es que el 33% de los hogares tiene ingresos que son insuficientes para cubrir ambas canastas, es decir, los alimentos y un mínimo indispensable para afrontar las facturas por los servicios de gas, agua y electricidad.

La situación que se genera en torno a este déficit no es neutra. El deterioro de la canasta de alimentos determina una disminución en el consumo de calorías totales, proteínas y minerales imprescindibles para el desarrollo y mantenimiento de un ser humano. Más preocupante es este efecto en los niños, determinándose –según datos del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil– que el 48% de los menores de 2 Años encuestados padecían de anemia, con su secuela de daños sobre el coeficiente intelectual y la capacidad de memoria.

Cuando estos hogares pobres pagan los actuales costos de los servicios públicos, ¿ que están pagando en realidad ? En la factura aparecen el cargo fijo y los impuestos. Es decir, aquellos costos que son ajenos al consumo del servicio.

En promedio y para todo el país, casi la tercera parte (30,6%) de lo que pagan los usuarios residenciales de electricidad son impuestos que percibe el Estado. En el caso del gas que llega por redes, la presión impositiva alcanza casi al 25%, en tanto que el servicio de agua tiene una participación promedio del 28%. La incidencia del cargo fijo es de casi el 48% para la electricidad y del 24% para el gas.

Esto denuncia una verdadera paradoja: a través de la incidencia impositiva, el Estado aparece excluyendo del consumo de servicios públicos al sector de la población que hoy esta intentando proteger. Esto es tan cierto como que la suma del cargo fijo y de los impuestos incluidos en las facturas representa un costo mínimo que finalmente excluye del consumo a los hogares de menores recursos.

A nadie escapará que hay sectores y regiones del país donde la provisión de los servicios públicos se torna un asunto de vital importancia. Tanto como que se encuentran comprometidos derechos fundamentales: a la vida, a la salud y a la educación.

Nuestro informe concluye que hay un  sector de la población que carece de los recursos suficientes como para acceder a servicios públicos que son elementales para su propia subsistencia. En otras palabras: el cargo fijo y los impuestos excluyen del consumo a un vasto sector de argentinos.

Nuestra propuesta es que el usuario de menores recursos pague por lo que efectivamente consume y que el Estado nacional, las provincias y los municipios garanticen, a través de sus políticas fiscales, un  acceso seguro de todos los ciudadanos a servicios públicos esenciales, con márgenes de calidad y a precios accesibles, con independencia de las desigualdades regionales, sociales y economías. Entonces si se habrán garantizado el cumplimiento y la protección de derechos humanos fundamentales.

Columna publicada en el diario Crónica del día 02/04/2006