Buenos Aires

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19/03/2006

Buenas noticias para familias muy necesitadas

Requeridos de urgencia por delegados de cuatro asociaciones vecinales del Gran Buenos Aires en representación  de miles de grupos familiares solicitamos y obtuvimos importantes modificaciones en el cumplimiento de los requisitos que se otorgan para acceder al Plan Familias, que entregaba $ 100 mensuales a jefas de familia en condiciones de gran vulnerabilidad económica y alimentaria.

El pago del referido Plan había sido suspendido en forma masiva debido a la imposibilidad de muchos de sus beneficiarios para cumplir con los requisitos exigidos. En forma trimestral --y ahora mensualmente-- se debía presentar, entre otras obligaciones, un certificado médico correspondiente al control de salud efectuado a los hijos y/o menores a cargo del grupo familiar en cuestión.

Recién a partir de nuestra intervención el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se avino a modificar esta cláusula, comprendiendo las dificultades que no pocas veces impedían a los titulares del subsidio munirse de la documentación correspondiente a los señalados controles. A partir de este año la condición para permanecer activos en el Plan Familias se limitará a la presentación del calendario de vacunación y el certificado de alumno regular o boletín de calificaciones.

Esta decisión, aparte de resolver la petición que nos hicieron las asociaciones vecinales en representación de 6.000 familias de José C. Paz, constituye una excelente noticia  para la inmensa población suscrita al referido programa . Sucedía que a la mayoría de ellos les resultaba imposible cumplir con los trámites originales, en especial el referido al del certificado médico, porque el plantel de médicos pediatras de los hospitales y centros periféricos de salud no alcanzaba para cubrir en tiempo y forma el control de la gran cantidad de niños que debían ser revisados en medio de la atención de quienes padecen distintas enfermedades.

Además de atender sus hogares y contribuir trabajando a su manutención, muchas de estas madres debían realizar no menos de 3 viajes, con su respectiva  ida y vuelta, para efectivizar cada cobro mensual. Esto se debía a la ausencia de una fecha fija de pago así como a la carencia de información concreta y pública que terminaba obligando a los sucesivos traslados.

Cuando pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación se completaban ya tres meses de suspensión de pago del beneficio. Era una situación de verdadera emergencia social si tenemos en cuenta que ponía en condiciones de extremo riesgo alimentario a miles de niños de hogares carecientes.

En su respuesta a nuestra intimación, la Coordinación del Programa Familias por la Inclusión Social nos decía a fines de 2005 que "sabemos y comprendemos las dificultades que a veces impiden a los titulares del subsidio munirse de la documentación correspondiente a los controles de salud de sus hijos o menores a cargo, motivo por el cual a partir del próximo año la condicionalidad para permanecer activos en el programa se limitará a la presentación del calendario de vacunación y el certificado de alumno regular o boletín  de calificaciones".

La solución favorable ha sido el resultado de una articulación apropiada entre organizaciones sociales que representan cabalmente las necesidades de la gente, por un lado, y la rápida y efectiva capacidad mediadora de nuestra Defensoría. El reclamo de quienes estamos en contacto cotidiano con los problemas más acuciantes derivó en un control que mejoró la gestión gubernamental y obtuvo la respuesta requerida.

Columna publicada en el diario Crónica del día 19/03/2006